Abogado Laboralista Madrid

Casos recientes

A continuación exponemos algunos casos de clientes que han confiado en nuestro criterio para defender sus derechos como trabajadores:

1.- Infarto como accidente laboral

Ernesto A.R. es un médico especialista en pediatría que lleva veinte años ejerciendo su profesión por cuenta propia en su clínica privada de Madrid. Hace unos años, un día normal de trabajo, atendió a un paciente y acto seguido comenzó a encontrarse mal, por lo que al resto de pacientes que estaban en la sala de espera les pidió el favor que cambiasen su cita para otro día. Una vez que abandonaron la clínica todos los pacientes, le comentó a su ayudante, Marian S.G., que iba a descansar un rato.

Pasado un rato, al ver que Ernesto A.R. no salía del cuarto destinado a su despacho, Marian S.G. comenzó a preocuparse, por lo que llamó a la puerta, al no dar señales Ernesto A.R., Marian S.G. entró y se encontró con éste inconsciente por lo que llamó a emergencias, personándose una ambulancia en la clínica que trasladó a Ernesto A.R. al Hospital donde fue ingresado y en el que le diagnosticaron que había sufrido un infarto de miocardio. Ese mismo día por los servicios médicos de la Seguridad Social fue dado de baja por la contingencia de enfermedad común.

Ernesto A.R. tenía contratada con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social lacobertura de las contingencias profesionales y estaba al corriente en el pago de sus cuotas. Esta Mutua también consideró, una vez recibido el parte de accidente, que el origen el origen de la incapacidad temporal era enfermedad común.

Ernesto A.R. acudió a mi despacho de abogados laboralistas en Madrid para que le tramitase la Incapacidad Permanente ya que no se encontraba en un estado de salud que le permitiese seguir ejerciendo su profesión. Profesión que implica altos niveles de responsabilidad, concentración y tensión, motivos que creíamos y que pudimos, posteriormente, demostrar que fueron los causantes del infarto.

Fue necesario demandar para que los organismos públicos pertinentes pasasen por entender que el origen de la incapacidad temporal había sido un accidente de trabajo. Lo que era muy importante de cara a determinar, como ya he comentado anteriormente, las prestaciones económicas a percibir.

Como consecuencia del fallo a nuestro favor de la Sentencia del Juzgado, se estimó que Ernesto A.R. debería haber percibido desde el día siguiente al que sufrió el infarto la cantidad de 900€ durante los meses que estuvo de baja por Incapacidad Temporal, y respecto de la Incapacidad Permanente pudo elegir entre percibir una pensión mensual de 660€ o una percepción que ascendía a 72.000€.

Es preciso tener en cuenta que para el derecho laboral no siempre que un trabajador, ya sea por cuenta propia o ajena, sufra un infarto en su puesto de trabajo y durante su horario laboral se considera accidente de trabajo, ya que para que sea considerado como tal ha de probarse que aquel fue causado por la situación laboral del trabajador, como en el ejemplo que he mencionado, por la situación de estrés en la que vivía Ernesto A.R. como consecuencia del ejercicio de una profesión que conlleva tanta presión como la medicina.

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2.- Accidente laboral con lesiones

Hace tres semanas acudió a mi despacho Paloma E. L. porque había sufrido un accidente laboral con lesiones y buscaba un abogado especializado en accidentes laborales. Paloma E. L. me comentó que su accidente laboral se debió a que la empresa no había puesto las medidas de seguridad necesarias, a pesar de que hacía dos meses que ella y sus compañeros habían denunciado dicha situación.

Paloma E. L. es químico y trabaja con sustancias inflamables. Sus compañeros de trabajo y ella habían reclamado a la compañía que les proporcionara unos trajes no inflamables y la empresa se había negado. Dos meses después, Paloma E. L. se quemó con una sustancia que estaba manipulando.

Paloma E. L. quería saber si se podía hacer algo para evitar que su empresa continuara poniendo en peligro la vida de sus trabajadores. Debido a mi experiencia profesional con este tipo de asuntos, le aconsejé que pusiera una denuncia penal contra la empresa por falta de medidas de seguridad imprescindibles para que los trabajadores trabajaran adecuadamente y que solicitara una indemnización de 1.000€ por el accidente laboral.

De esta forma, presenté la denuncia penal y la empresa se puso en contacto conmigo para negociar el importe solicitado para la indemnización. La empresa de Paloma E. L. ofrecía la mitad de la indemnización (500€) para que no continuara con el proceso penal. Aconsejé a Paloma E. L. que llegara hasta el final del procedimiento.

Se celebró un juicio. La empresa acabó reconociendo que no habían implementado las medidas de seguridad necesariasen un puesto de trabajo como el de mi defendida, con riesgo de incendios y quemaduras. El Juzgado condenó a la empresa a una multa de 12 meses y al pago de la indemnización de 1.000€ reclamada. Gracias a mi asesoramiento, Paloma E. L. recibió la indemnización íntegra.

Paloma E. L. vino a mi consulta porque había sufrido un accidente laboral por falta de medidas de seguridad. Por tanto, su compañía había cometido un delito contra los derechos de los trabajadores. Mi formación especializada en accidentes laborales permitió aconsejarle adecuadamente a lo largo de todo el procedimiento penal, en especial cuando la empresa sólo accedió al abono de la mitad de la indemnización.

Cuando se tenga una consulta relacionada con accidentes de trabajo, el cliente debe acudir a un abogado especializado porquepodrá asesorarle correctamente acerca de qué hacer y si ese asunto concreto tiene viabilidad. Asimismo, también le podrá continuar asesorando si se inicia algún tipo de procedimiento.

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3.- Prestaciones e indemnizaciones

Esta última posibilidad no es muy conocida, pero no será obviada por un abogado laboral como yo, acostumbrado a tratar estas cuestiones, que precisamente tuve que analizar en el caso de Miguel D. L., que acudió a mi despacho porque conocía mi trayectoria como especialista en reclamaciones por accidente de trabajo en Madrid.

Miguel D. L. era vigilante de seguridad en un establecimiento turístico. El 10 de julio de 2013, cuando estaba haciendo la ronda exterior, al descender por una pendiente cercana a la zona donde estaba el área recreativa resbaló, golpeándose violentamente la rodilla contra el suelo, y resultó gravemente lesionado con roturas de ligamentos. Inició el proceso de incapacidad temporal por accidente ese mismo día y tuvo que someterse a dos operaciones.

Transcurrido el plazo máximo de incapacidad temporal, Miguel D. L. fue dado de alta, si bien había quedado con secuelas. Su rodilla había perdido capacidad de flexión, aunque el Equipo de Valoración de Incapacidades no consideró que le impidieran desarrollar su trabajo habitual.

Pero el INSS investigó el accidente, y declaró la responsabilidad de la empresa por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo. Se consideró que tal incumplimiento había sido la causa directa de las lesiones sufridas por Miguel D. L., de modo que el accidente no se habría producido si se hubiera adoptado alguna medida tan sencilla como colocar una barandilla para evitar el riesgo de caídas en aquella pendiente resbaladiza.

La empresa fue sancionada con una multa de 2.046€, y tuvo que pagarle al trabajador el recargo del 30% adicional al subsidio, pero a pesar de las secuelas el caso de Miguel D. L. no estaba cubierto por el seguro del convenio colectivo de su sector de actividad.

Con la finalidad de tratar de mejorar la situación de mi cliente, reclamé por burofax a la empresa una indemnización de daños y perjuicios. A los 3 días contactó conmigo su compañía aseguradora, que parecía dispuesta a solucionar el asunto amistosamente, ante la rotundidad con la que la inspección de trabajo había declarado que la empresa era la responsable del accidente.

No obstante, no conseguimos llegar a un acuerdo económico y tuve que recurrir al Juzgado formulando la correspondiente demanda contra empresa y aseguradora. El Juez consideró probado que hubo una relación de causa-efecto entre el accidente, las lesiones y las secuelas, y finalmente reconoció en sentencia a favor de Miguel D. L. la indemnización de 41.750€, a la que legalmente tenía derecho.

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4.- Reclamación de indemnizaciones económicas

El caso de la viuda

Manuela G. R. quedó viuda cuando su marido, que se encontraba trabajando en un tejado como albañil, cayó desde una altura de diez metros y murió en el acto. Cuando me encontré ante este caso no tuve dudas en que tenía que aplicar el baremo de indemnizaciones para calcular la indemnización que le correspondía a mi clienta, y también a sus dos hijos menores de edad, que se habían quedado huérfanos.

El baremo de indemnizaciones establece distintas cantidades en función de la edad del fallecido; y para los hijos huérfanos diferentes cantidades dependiendo de si éstos son menores o mayores de edad. Por lo tanto, al aplicar el baremo Manuela recibiría una cantidad de 115.035,21€ y sus hijos 47.931,33€ cada uno de ellos, en concepto de indemnización por muerte.

Además, al aplicar el porcentaje de corrección, ambas cantidades pude aumentarlas en un 10 %, que son porcentajes que van variando en función de las retribuciones netas anuales de la víctima del accidente. Como el marido de mi clienta ganaba 28.000€ netos al año, las indemnizaciones ascendieron a 126.538,73€ y 52.724,46€ respectivamente.

El incapacitado permanente

Mario W. P., mientras trabajaba como carpintero, sufrió un accidente de trabajo que le provocó la amputación de un brazo a la altura del húmero. Para las distintas secuelas producidas como consecuencia de un accidente de trabajo, la tabla de clasificación de las mismas establece una puntuación para cada una de ellas. A la amputación de un brazo al nivel del húmero le da una puntuación de 50.

Una vez tuve este dato, apliqué el baremo de indemnizaciones para las incapacidades permanentes, y debido a que mi cliente tenía 36 años en el momento del accidente, le correspondía una cantidad de 2.036,02€ por cada punto. Por lo tanto, al realizar la multiplicación, la cantidad a reclamar fue de 101.801,00€.

Una vez hube calculado la indemnización, pude aumentar dicha cantidad en un 11%, ya que mi cliente ganaba 30.000€ netos anuales. Por lo tanto, la indemnización que percibió mi cliente como consecuencia de la incapacidad permanente sufrida por el accidente laboral fue de 112.999,11€.

Una incapacidad temporal

Por último, voy a explicar el cálculo de la indemnización por incapacidad temporal que sufrió mi clienta María I. O., que debido al accidente de trabajo del que fue víctima estuvo incapacitada temporalmente un total de 265 días. El baremo de indemnizaciones establece diferentes cantidades para los días de baja (días de hospitalización); días impeditivos (en los que el trabajador es dado de alta aunque no puede trabajar) y los días no impeditivos (en los que el trabajador puede empezar a realizar su trabajo, pero debe seguir en tratamiento médico hasta su total curación).

De los 265 días de incapacidad temporal, mi clienta estuvo de baja 65 días; 129 días fueron impeditivos, y los 71 días restantes fueron no impeditivos. El baremo de indemnizaciones establece unas cantidades diarias de indemnización de 71,84€ para los días de estancia hospitalaria; de 58,41€ para los días impeditivos y 31,43€ para los días no impeditivos. Por lo tanto, la indemnización de mi clienta fue de 14.436,02€.

Debido a que María gana 57.000€ netos anuales, pude aumentar en un 25% la indemnización reclamable. Por lo tanto, al final mi clienta recibió una indemnización de 18.045,03€ por los días que se encontró en situación de incapacidad temporal, derivada del accidente de trabajo que sufrió.

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5.- Accidente de trabajo

Mi cliente, Roque S. C., trabajaba en una empresa papelera. La industria editorial está muy arraigada en Cataluña y ofrece trabajo a miles de personas. Él tuvo la mala suerte de que una mañana se le vino encima un palé de papel. El peso que padeció le afectó a la rodilla derecha. Consecuencia: se acortó ligeramente su capacidad para extender totalmente la rodilla.
El aspecto positivo del suceso de Roque S. C. fue que no le afectaba ni a su vida personal ni laboral. La parte negativa venía de la empresa, que intentó limitar su indemnización. Ellos estaban dispuestos a pagar a mi cliente los gastos de rehabilitación, pero no las secuelas en su rodilla. Consideraban que el accidente había sido culpa de Roque S. C. Nada más lejos de la realidad.
El palé con el que trabajaban aquella mañana debía haber sido sustituido hacía ya tiempo. Le expliqué esto a mi cliente e intentamos llegar a un acuerdo amistoso. Pese a las reticencias del director de la fábrica, su aseguradora le aconsejó pactar. Sabían que un juez daría la razón a Roque S. C.
Éste quedó muy satisfecho con el acuerdo: 1.900€ por la pérdida de movilidad en la rodilla; 1.500€ para rehabilitación y otros1.600€ por los días de baja. En total, 5.000€ que acordaron en abonarle mediante transferencia bancaria en 15 días.
A través de este ejemplo he pretendido hacerle una idea de cómo procede un abogado experto en estas cuestiones:minimizando los riesgos y operando siempre en defensa del cliente. Así que no tenga miedo de los tribunales ni de las leyes, reciba ayuda jurídica para conseguir sus pretensiones.

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6.- Compensación por vacaciones no disfrutadas

Un caso que ejemplifica lo anterior, esto es, la posibilidad de que conseguir el equivalente en dinero de las vacaciones no disfrutadas por incapacidad temporal, es el de mi clienta Laura F.P. Esta persona estuvo de baja temporal durante los años 2008 y 2009, siendo despedida el 10 de abril de 2010. El motivo de incapacidad temporal fue distinto a los relacionados con la maternidad. Respecto a su sueldo, simplificado, fue de 30,05€ al día en 2008 y de 33,21€ en el 2009. En total le quedaron por disfrutar  un período  30 días de vacaciones por esos dos años; 20 en el 2008 y 10 en el 2009.

Por lo tanto, la reclamación lo fue por un total de 600,1€ por el año 2008 y 332,1€ por el 2009. A esta suma habría que añadirle el recargo de mora que se aplica para las reclamaciones de cantidad desde el momento de la interposición de la demanda. Este interés es del 10% de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores.

En resumidas cuentas, Laura F.P. obtuvo 1.117,3, intereses incluidos. Gracias al asesoramiento legal, la clienta no perdió completamente su derecho a las vacaciones, ya que, aunque había ya transcurrido el plazo para ejercitarlas después de sufrir la baja, aún tenía el plazo de un año para reclamar cantidades, más los intereses oportunos. Por lo tanto, pudo transformar su derecho a vacaciones pagadas en retribución económica.

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7.- Delitos contra los derechos de los trabajadores

Un caso que ejemplifica lo anterior, esto es, la posibilidad de que conseguir el equivalente en dinero de las vacaciones no disfrutadas por incapacidad temporal, es el de mi clienta Laura F.P. Esta persona estuvo de baja temporal durante los años 2008 y 2009, siendo despedida el 10 de abril de 2010. El motivo de incapacidad temporal fue distinto a los relacionados con la maternidad. Respecto a su sueldo, simplificado, fue de 30,05€ al día en 2008 y de 33,21€ en el 2009. En total le quedaron por disfrutar  un período  30 días de vacaciones por esos dos años; 20 en el 2008 y 10 en el 2009.

Por lo tanto, la reclamación lo fue por un total de 600,1€ por el año 2008 y 332,1€ por el 2009. A esta suma habría que añadirle el recargo de mora que se aplica para las reclamaciones de cantidad desde el momento de la interposición de la demanda. Este interés es del 10% de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores.

En resumidas cuentas, Laura F.P. obtuvo 1.117,3, intereses incluidos. Gracias al asesoramiento legal, la clienta no perdió completamente su derecho a las vacaciones, ya que, aunque había ya transcurrido el plazo para ejercitarlas después de sufrir la baja, aún tenía el plazo de un año para reclamar cantidades, más los intereses oportunos. Por lo tanto, pudo transformar su derecho a vacaciones pagadas en retribución económica.

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8.- Despido por “causas organizativas”

Laura G. M. era Directora de Área de una empresa del sector del metal en Madrid desde hacía 15 años. Un día, a la hora de dejar su puesto tras una larga jornada, fue llamada al departamento de personal, donde le entregaron una carta de despido. La comunicación aludía a unos supuestos cambios organizativos que vaciaban de contenido su puesto de trabajo, y la empresa puso a su disposición una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, un total de 18.582€.

Dada su antigüedad en la compañía, conocía perfectamente su funcionamiento, y no había sido consciente de cambio alguno en la organización, pues seguía teniendo la misma carga del mismo tipo de trabajo. De tal forma que me encomendó demandar a su empleadora solicitando la declaración de improcedencia del despido.

La carta era muy sucinta y parecía carecer totalmente de base, hasta el punto de que en sede de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Madrid la empresa estaba dispuesta a reconocer la improcedencia del despidoy a pagar una indemnización de 30.660,30€, equivalente a 33 días de servicio por año trabajado.

Mi cálculo arrojaba un total sensiblemente superior, 40.322,94€, puesto que Laura G. M. seguía conservando los derechos que a efectos de despido había ido devengando hasta febrero de 2012 (45 días por año en caso de improcedencia).

De tal manera que Laura G. M., aun conociendo el riesgo que supone un juicio a pesar de que inicialmente se crea uno que tiene la razón, quiso acudir a los tribunales. Formulamos la pertinente demanda por despido reclamando la indemnización calculada por mí.

Llegado el día del juicio, la empresa se allanó a la demanda, en el sentido de reconocer que el despido había sido improcedente, pero insistía en la cuantía ofrecida en conciliación, por lo que la única cuestión a debatir era el importe exacto de la indemnización.

Finalmente, el Juzgado falló a favor de los intereses de Laura G. M. El Juez declaró la improcedencia del despido y su derecho a cobrar la indemnización de 40.322,64€ que pedía. Si se hubiera conformado con los 18.582€ que le pagó la empresa y no hubiera acudido a un abogado experto, habría dejado de cobrar la friolera de 21.740,94€, dando carta de naturaleza a un abuso empresarial a su costa que no se ajustaba a la legalidad.

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9.- Aspectos legales de la esquizofrenia

Enric M. R. era el menor de dos hermanos. Como sus padres estaban divorciados vivía con su madre y su hermano mayor, los dos diagnosticados también como esquizofrénicos. Su padre tenía un trastorno obsesivo-compulsivo y apenas lo veía.

Después de haber pasado un verano muy estresante en el trabajo, y por culpa de los brotes psicóticos que sufrieron su madre y hermano, se acentuó la enfermedad de mi cliente. Como ya le conocía de un caso anterior (un problema de herencia familiar) le ofrecí mi ayuda para poner una reclamación ante la Seguridad Social y conseguirle una pensión vitalicia.

A causa de sus problemas había perdido su trabajo (le habían despedido) y su madre le había echado de casa. Después de interponer varias denuncias (que en realidad eran falsas) contra su hijo el juez otorgó a la madre una orden de alejamiento: Enric M. R. no podía acercarse a menos de 20 metros de su madre ni de su casa.

Como dije anteriormente, la crisis económica ha endurecido las circunstancias para obtener la declaración de incapacidades permanentes. Sin embargo, mi cliente necesitaba una pensión que le permitiera seguir adelante, pues no tenía a nadie a quien recurrir.

Tal y como marca la ley, interpuse una reclamación previa ante Seguridad Social con una doble finalidad: por una parte, que el despido de Enric M. R. fuese considerado improcedente; por la otra, que se le reconociese la situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.

Como el despido había obedecido únicamente a motivos personales, el abogado de la empresa de Enric M. R. accedió a catalogar el despido como improcedente en el acto de conciliación y le pagaron una indemnización de 6.800€.

El proceso contra la administración fue más complejo. No había dudas acerca del diagnóstico de mi cliente, pero el equipo técnico administrativo encargado de su examen puso las cosas difíciles.

Incluso con las dificultades añadidas, finalmente logré una pensión para Enric M. R. Tendría 1.150€ al mes para intentar llevar una vida normal.

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10.- Indemnización por accidente laboral

Un cliente acudió a mi despacho especializado en accidentes laborales para plantearme lo que le había ocurrido: Manuel G. S. prestaba sus servicios por cuenta de su empresa con la categoría profesional de Oficial 1ª. Para la realización de los trabajos su empresa elaboró un Plan de Prevención y Seguridad.

Unos meses atrás, el día del accidente, el trabajo que debía ejecutarse era el desmantelamiento de unas estructuras metálicas que se encontraban a altas temperaturas; un trabajador de la empresa introdujo en las estructuras metálicas una manguera existente en una boca de incendio próxima, con el fin de enfriar el conducto –sin que nadie le hubiere dado instrucciones al efecto–, lo que, debido a la temperatura del canal, produjo una explosión, resultando heridos cinco trabajadores, siendo uno de ellos Manuel G. S.

Manuel G. S. quedó impedido, a causa de las secuelas, para realizar su trabajo, por lo que se le reconoció la prestación correspondiente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por importe de 1.080€ mensuales.

Manuel G. S. estaba interesado en saber si aparte de esta prestación de la Seguridad Social podría reclamar una indemnización por el accidente a la empresa. Al dirigirse a la empresa para planteárselo ésta se había negado a asumir responsabilidad alguna, indicando que el accidente fue consecuencia de la conducta negligente de uno de los trabajadores.

Le expliqué a Manuel G. S. que existen tres requisitos para que prospere la acción por responsabilidad contractual: 1. Producción de un daño; 2. Negligencia, dolo o morosidad en la conducta de quien lo causó por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la normativa de riesgos laborales; 3. Relación de causalidad entre la conducta de agente y del daño causado que ha de ser consecuencia demostrada, precisa y específica de la determinación de la voluntad del causante.

La negligencia empresarial ha de apreciarse de acuerdo a los patrones de conducta exigibles al empresario, no los ordinarios, en cuanto sujeto que organiza los servicios y también los dirige en un ámbito determinado y que por tal condición debe conocer y evitar los riesgos generados. Esto quiere decir que la responsabilidad del empresario se agrava, teniendo en cuenta un concepto abstracto y genérico del empresario como persona con una cualificación especial.

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una instrucción de contenido teórico y práctico en materia preventiva, tanto cuando le contrate, cualquiera que sea el tipo de contrato o su duración, como cuando se produzcan cambios en sus funciones o se introduzcan nuevos elementos o cambios en los equipos de trabajo.

En base a lo anterior preparé demanda judicial para reclamar a la empresa indemnización por importe de 96.500€ conforme a los daños sufridos por el accidente ocurrido, justificando la negligencia de la empresa que determina la existencia de su responsabilidad.

Precisamente justifiqué la responsabilidad de la empresa en que no consta que a los trabajadores se les informara de los riesgos del trabajo ni de prevención para ello, no participaron en las reuniones previas, ni se les dieron contraindicaciones sobre la utilización del agua en el enfriamiento de las estructuras metálicas, ni sobre los riesgos de explosión.

Tras la celebración del pertinente acto de conciliación, sin acuerdo entre ambas partes, se celebró juicio que concluyó con sentencia en la que se condenó a la empresa, al considerar el Juzgado que existe una grave culpa de ésta que le constituye en deudora de una responsabilidad mayor, por cuanto se dan todos y cada uno de los requisitos para exigir la responsabilidad civil contractual en atención a que ha incumplido su obligación de protección de los trabajadores al no darles la formación adecuada, extremo éste esencial ya que en el plan de prevención de riesgos confeccionado por la empresa se recalcaba que la instrucción de los trabajadores debía realizarse de manera rigurosa, sin que pudiera autorizar trabajos en las instalaciones con riesgo de explosión sin reunirse las condiciones de seguridad necesarias.

En cuanto a la cuantía de la indemnización el Juzgado tuvo en cuenta el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, en combinación a la naturaleza de los hechos, el grado de culpabilidad y la dependencia económica, fijando el importe de la indemnización en 78.030€.

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11.- Indemnización por atropello

Hace unos años, en Abril de 2.010 estaba cruzando por un paso cebra en las ramblas cuando un amigo que venía conmigo – César O.L. – fue golpeado por  el lateral de un coche que giraba.  Cayó al suelo, se levantó inmediatamente. Tenía un leve dolor en la pierna y en la muñeca. El conductor del vehículo paró a nuestro lado y se bajó a comprobar los daños en su vehículo (¡!). Tras ello se disculpó amablemente y se dispuso a entrar de nuevo en el coche para irse.

Ciertamente, César O.L. vio correcta la actitud del conductor ante lo cual intervine y le pedí por favor que antes de irse al menosnos diera sus datos y los de su seguro puesto que ahora estaba en caliente, pero que a lo peor -como realmente sucedió después- al enfriarse César O.L. podría darse cuenta que tenía un esguince o similar.

Lo cierto es que no le sentó muy bien mi intervención al conductor del coche, por suerte había un guardia urbano en el cruce que lo había visto todo. El guardia intervino en ese momento y obligó a acreditarse ante él al conductor. Comprobó, entre otras, que el vehículo estaba asegurado, e incluso le sometió a un control de alcoholemia que dio negativo.

Conforme fue pasando el tiempo, allí mismo, César O.L. se iba encontrando peor y no mejoraba su dolor de muñeca. De hecho empezó a aparecer hinchada. Nos fuimos a un centro médico donde le hicieron unas radiografías y le diagnosticaron un esguince de muñeca. Tenía que estar tres semanas con la muñeca y medio brazo escayolado.

Fue entonces cuando César O.L. me agradeció mi intervención no dejando marchar al conductor. De hecho él es modelo de profesión, y llevar la escayola le incapacitaba para trabajar (tenía cerrados tres desfiles y un shooting de trajes de alta costura).

Con todo esto, obviamente, a César O.L. le correspondía una indemnización por el atropello en el paso de cebra. Gracias a que el guardia urbano había identificado al conductor y al seguro del vehículo, interpusimos una denuncia adjuntando el atestado del guardia urbano y solicitando la correspondiente indemnización por atropello en Madrid.

Como suele ocurrir en estos casos, antes incluso de tener el alta médica se puso en contacto con nosotros la compañía de seguros del vehículo causante del atropello ofreciendo en éste caso 825,87 € en concepto de días de baja.

Siempre digo lo mismo, las prisas no son buenas. Hay que esperar hasta que se produzca el alta definitiva y la recuperación para la indemnización por atropello, antes no hay que solicitar nada.

No sabemos si va a salir alguna anomalía o quedar alguna secuela. En este caso no hubo nada de lo anterior y tuvo el alta médica a las 3 semanas. Con ello le correspondían 21 días de baja impeditiva (53,66 € según el baremo de año 2.010) más un factor correctivo conforme a la renta percibida que ascendía al 24 %. Además de ello le reclamaba una indemnización por el esguince de 800 € y otra por daños y perjuicios que ascendía a 4.762 € por los trabajos que no había podido realizar y ya estaban pactados.

En total le solicité a la compañía de seguros 6.869,31 € con lo que había una diferencia enorme respecto de lo que habían ofrecido en un  principio a César O.L. Tuvimos un par de reuniones y llegamos a un acuerdo de 5.500,00 € con lo que supuso 4.674,13 € más de indemnización.

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12.- Reclamación tras incapacidad permanente

A mi despacho acudió, por mediación de un amigo común, Carlota F. P. a la que había sido reconocida por la Dirección Provincial del INSS la incapacidad permanente absoluta. Desde el año 2004  Carlota F. P. trabajaba en un laboratorio científico siendo la encargada, entre otros, de testar diferentes tipos de plaguicidas. Todo ello llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad que incluían mascarilla, guantes de látex y gafas de protección.

Carlota F. P. había sido diagnosticada en el año 2006 de bronquitis irritativa cuyos síntomas se reproducían con severidad los días en los que se efectuaba la fumigación con pesticidas en los laboratorios en cuestión. Con motivo de ello fue solicitada por su parte una incapacidad temporal, que fue concedida y cuya duración fueron cuatro meses.

Una vez finalizada tal periodo retomó sus actividades profesionales, pero en este caso en el almacén de los laboratorios. Dicho almacén se encontraba muy cerca de la sala en la que se efectuaban las fumigaciones por lo que Carlota F. P. se vio afectada de nuevo. Con motivo de una crisis asmática le fue diagnosticada en el año 2012 la llamada Sensibilidad Química Múltiple (SQM), siendo ésta un síndrome complejo que se muestra bajo muy diferentes síntomas provocados por agentes que se encuentran en el medio ambiente y cuya exposición, tolerada en general por otras personas, afecta a la salud de estos pacientes.

Carlota F. P. procedió entonces a tramitar ante el INSS su incapacidad absoluta siendo ésta concedida con origen en enfermedad común con el derecho a percibir el 100% de su base reguladora, esto es, 1.090, 82 €. Y esto es, precisamente, lo que no entendía cuando conocía el caso de Carlota F. P. en la conversación que refería antes. ¿Cómo era posible que no se reconociera que la enfermedad era laboral y no se trataba de una mera enfermedad común?

Si el lector considera que tal disyuntiva carece de importancia ha se saber que la diferencia reside en que la base reguladora de una y otra es diferente de tal manera que en el caso de ser apreciada la existencia de la enfermedad laboral y de ser reconocida el 100% de su base reguladora la cantidad a percibir por Carlota F. P. ascendería a 1.750,70 €, lo cual era una diferencia más que notable.

Como experto laboralista considero que además del imprescindible conocimiento de la normativa vigente, es necesario un razonamiento jurídico correcto y el manejo de los criterios jurisprudenciales para cada caso concreto. En el caso de Carlota F. P. no solo se trataba de instruirla en la posibilidad de solicitar que su enfermedad fuera considerada como laboral sino también explicarle las posibilidades de éxito dadas las recientes y constantes decisiones judiciales al respecto.

Bajo mi dirección y supervisión iniciamos pues el procedimiento. Lo preceptivo en estos casos es presentar la reclamación administrativa previa a fin del reconocimiento de la pretensión. Siendo un trámite ineludible lo cierto es que en un elevado porcentaje de supuestos la resolución de estad reclamaciones resulta nuevamente negativa para el administrado y este caso no fue una excepción.

Quedaba pues la vía judicial. En nombre de Carlota F. P. interpuse la demanda ante los Juzgados de Primea Instancia de Madrid contra la empresa empleadora, la Mutua contratada para cubrir las contingencias de trabajo y contra el organismo público actuante y solicité la consideración de la enfermedad como laboral o, en su defecto, que fuera considerada la situación de Carlota F. P. como accidente de trabajo dado que su dolencia derivaba del trabajo desempeñado.

No solo las normas laborales en sí mismas sino que la interpretación que nuestra Jurisprudencia hace de tales normas es extensiva, siempre con el ánimo de favorecer los derechos del trabajador que, se entiende, siempre está en la posición más débil.Tal es así que si la lesión producida ha tenido lugar en el ámbito laboral corresponde a la empresa o, en su caso, a los organismos actuantes, demostrar que no guarda relación con el trabajo en cuestión. En caso contrario se presume la laboralidad.

La Mutua, con buen criterio, alegó por su parte que la enfermedad derivada de la actividad laboral por parte de Carlota F. P. se inició allá por el año 2006 con independencia de que el síndrome SQM fuera diagnosticado en el año 2012. Tras la reforma en esta materia llevada a cabo por Ley 51/2007, que no contiene mandato alguno de retroactividad, las enfermedades laborales y las incapacidades derivadas antes de la publicación de dicho texto legal corresponden a la entidad gestora, esto es, el organismo público.

En este caso el momento del diagnóstico de una enfermedad no coincide, como casi nunca, con el comienzo del padecimiento de la enfermedad por lo que le enfermedad de Carlota F. P. derivada de su actividad laboral comenzó en el año 2006 aunque se diagnosticara mucho tiempo después.

Su Señoría no podía hacer otra cosa que estimar nuestras pretensiones como así hizo, considerando la enfermedad expuesta como laboral. La Entidad Gestora fue condenada a abonar a Carlota F. P. una prestación equivalente al 100% de su base reguladora, sin perjuicio de las revalorizaciones por el paso del tiempo siendo el total a percibir la cantidad de 1.750,70 €.

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13.- Mesotelioma maligno

Tal es el caso de mi cliente María R. F., la cual acudió a mi despacho de abogados laborales en Madrid buscando una solución a su problema familiar.

Es conocido por los profesionales de la región la cantidad de casos relacionados con enfermedades y muertes pormesotelioma pleural maligno debido al elevado número de fábricas que durante décadas se dedicaron a la producción de material industrial con amianto.

El caso de mi cliente pertenece a ese grupo. El marido de María R. F. falleció el día 21-03-2012 como consecuencia de mesotelioma maligno, el cual había afectado profundamente a su capacidad respiratoria. Sin embargo, mi cliente había accedido a la edad y prestación por jubilación seis años antes, sin haber recibido ninguna compensación económica por enfermedad profesional, debido a que la empresa se escudaba en que en el año 1978 había establecido medidas de seguridad suficientes acordes a la ley y, por lo tanto, no se podía deducir que la posterior enfermedad del marido de mi cliente fuese consecuencia de la relación profesional.

Sin embargo, la normativa referente a seguridad e higiene en ambientes de trabajo que afecta a entornos profesionales con amianto comienza en 1940 y, por tanto, se observa que se ha producido una situación de desprotección de los trabajadores durante veinte años, desde que mi cliente comenzó a trabajar en dicha empresa, en los cuales se pudo ver afectado. El hecho de que la enfermedad mostrase sus síntomas en forma de mesotelioma peritoneal maligno posteriormente responde únicamente a la propia naturaleza de la enfermedad.

Por ello se solicitó en vía judicial el reconocimiento de una pensión de viudedad conforme a la cotización por enfermedades profesionales para mi cliente como viuda y una indemnización no inferior a 40.000€ por daños y perjuicios.

Considera el tribunal la válida argumentación realizada, al considerar que desde la primera promulgación de normativa de seguridad e higiene en entornos industriales se han promulgado una serie de normas en los años 1941, 1947, 1957 1961, 1963 y 1971, que impiden a la empresa no observar su responsabilidad hasta el año 1976, en el que efectivamente se da cumplimento a la norma. Por ello se decide que ha lugar a la pensión de viudedad por enfermedad profesional asociada a un mesotelioma avanzado maligno y a una indemnización de 42.000€ más intereses.

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14.- Consecuencias del amianto

María A. M. pidió cita en mi despacho para recibir asesoramiento. Su marido, Roberto G. C. acababa de fallecer de cáncer de pulmón. Justo un año después de jubilarse se le manifestó la enfermedad, rápidamente detectada por los médicos, y seis meses después había fallecido.

Roberto G. C. había trabajado en la construcción, especialmente en el revestimiento de edificios. Era una persona concienzuda y respetaba las indicaciones de sus jefes. Su mujer quería saber si tenía derecho a cobrar alguna pensión o indemnización por la muerte de su marido. Le expliqué que sí, pero que necesitaba pruebas antes de emprender cualquier acción.

En este caso se me presentaba un aspecto bueno y otro no tanto. Lo bueno era que María A. M. conservaba todo el historial clínico/médico de su marido. Lo malo, que había sido fumador. A pesar de las investigaciones que acreditan la relación del amianto con las enfermedades respiratorias, éstas también han probado la función del tabaco como coagente cancerígeno.

Sin embargo, la muerte de Roberto G. C. estaba ahí, a la espera de ser resarcida legalmente. Sobreponiéndome a los problemas que pudieran presentarse presenté, en nombre de María A. M. una reclamación administrativa frente a la Seguridad Social. El comité que valora las enfermedades y muertes profesionales me negó la razón. Por lo tanto, interpuse una demanda frente a la Seguridad Social.

En ella reclamaba, básicamente, dos pretensiones: el incremento de la pensión de viudedad de mi cliente y el reconocimiento en su favor de una indemnización a tanto alzado.

Por un lado, conseguí que la pensión de María A. M. se viese incrementada en 400€ mensuales. Era una cantidad muy importante para ella, que le permitiría vivir con cierto desahogo. Además, la indemnización por el fallecimiento de su marido ascendió a 29.500€. La dificultad de disociar entre los efectos del amianto y del tabaco impidió a María A. M. cobrar una indemnización mayor: quedó acreditado que el amianto había sido uno de los causantes de su cáncer, pero no la influencia del tabaco. No obstante, consiguió mucho más de lo que tenía en un principio: nada.

Como ha podido comprobar, la labor del abogado es muy compleja. Ha de saber captar la intención del cliente, comprenderle y, a la vez, pelear por él, ya sea en los tribunales o en negociaciones extrajudiciales. Cuanto mayor sea su especialización, mejor se verán defendidos sus intereses. Aunque sólo acuda a una primera sesión con su abogado, notará cómo el enfoque del problema ha cambiado. Confíe en su criterio a la hora de proceder, no se arrepentirá.

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15.- El amianto y sus riesgos

María A. M. pidió cita en mi despacho para recibir asesoramiento. Su marido, Roberto G. C. acababa de fallecer de cáncer de pulmón. Justo un año después de jubilarse se le manifestó la enfermedad, rápidamente detectada por los médicos, y seis meses después había fallecido.

Roberto G. C. había trabajado en la construcción, especialmente en el revestimiento de edificios. Era una persona concienzuda y respetaba las indicaciones de sus jefes. Su mujer quería saber si tenía derecho a cobrar alguna pensión o indemnización por la muerte de su marido. Le expliqué que sí, pero que necesitaba pruebas antes de emprender cualquier acción.

En este caso se me presentaba un aspecto bueno y otro no tanto. Lo bueno era que María A. M. conservaba todo el historial clínico/médico de su marido. Lo malo, que había sido fumador. A pesar de las investigaciones que acreditan la relación del amianto con las enfermedades respiratorias, éstas también han probado la función del tabaco como coagente cancerígeno.

Sin embargo, la muerte de Roberto G. C. estaba ahí, a la espera de ser resarcida legalmente. Sobreponiéndome a los problemas que pudieran presentarse presenté, en nombre de María A. M. una reclamación administrativa frente a la Seguridad Social. El comité que valora las enfermedades y muertes profesionales me negó la razón. Por lo tanto, interpuse una demanda frente a la Seguridad Social.

En ella reclamaba, básicamente, dos pretensiones: el incremento de la pensión de viudedad de mi cliente y el reconocimiento en su favor de una indemnización a tanto alzado.

Por un lado, conseguí que la pensión de María A. M. se viese incrementada en 400€ mensuales. Era una cantidad muy importante para ella, que le permitiría vivir con cierto desahogo. Además, la indemnización por el fallecimiento de su marido ascendió a 29.500€ . La dificultad de disociar entre los efectos del amianto y del tabaco impidió a María A. M. cobrar una indemnización mayor: quedó acreditado que el amianto había sido uno de los causantes de su cáncer, pero no la influencia del tabaco. No obstante, consiguió mucho más de lo que tenía en un principio: nada.

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